LA NACION accedió al fallo del juez Lozada sobre cómo Kirchner dispuso de US$ 500 millones
Domingo 15 de noviembre de 2009 Publicado en edición impresa
Por Mariela Arias
Corresponsal en Santa Cruz
RIO GALLEGOS.- El juez que sobreseyó al ex presidente Néstor Kirchner por presuntos delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos en el exterior responsabilizó al fiscal y a los jueces que antes que él instruyeron la causa. Con cuatro años de demora el juez Santiago Lozada entregó el fallo inédito hasta ahora, luego de un pedido iniciado por LA NACION en la Justicia el año pasado.
Desde mayo de 2005, cuando Lozada sobreseyó a Kirchner, ni denunciantes ni periodistas ni diputados que lo solicitaron pudieron acceder a la fundamentación por la cual se libró de culpa y cargo a Kirchner y a Sergio Acevedo. Conocer el fallo no cambia la sentencia, pero arroja datos inéditos: quiénes declararon, quiénes asesoraron a Kirchner durante la crisis de 2001 y, sobre todo, los argumentos que usó la Justicia en un tema aún controvertido.
Para el juez, la intervención de la fiscalía se caracterizó "por una gran desprolijidad e imprecisión que dificultó enormemente la labor de esta instrucción". Consideró que la causa carecía "de una plataforma fáctica que produce que se difuminen los límites del objeto procesal investigado". Lozada calificó la denuncia inicial de "imprecisa, carente de datos sobre circunstancias de tiempo, lugar y modo, y estructurada sobre meras sospechas, basadas en conjeturas e inferencias".
Los presuntos delitos de apología del crimen y defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos habían sido denunciados por los periodistas Adrián Salbuchi y Enrique Romero y patrocinados por Juan Labaké en mayo de 2004 en el juzgado federal N° 7, subrogado por Jorge Urso, que lo investigó en primera instancia con el fiscal federal Federico Delgado.
A fines de ese año, Guillermo Montenegro asumió como juez y sin mayor trámite giró la causa a la justicia santacruceña. En el fallo, Lozada insistió en que la causa que recibió -que es la suma de seis causas iniciadas en distintos juzgados porteños- le faltaba definir el fin procesal. Argumentó que como juez de instrucción no tenía facultades para "iniciar una auditoría sobre la labor llevada a cabo por las instituciones que integran los poderes del Estado, violando la división de poderes so pretexto de una posible comisión de ilícitos penales, ni sustituir los mecanismos parlamentarios aptos para resolver determinadas controversias", y aclara que de hacerlo implicaría un quiebre del orden constitucional.
Sin embargo, el doctor Andrés Vivanco, que patrocinó a LA NACION en la presentación judicial, asegura que Lozada "tenía facultades para ampliar el objeto procesal, delimitarlo y calificarlo jurídicamente y, si no estaba de acuerdo con el trabajo del fiscal y lo que se había hecho hasta que recibió la causa, bien podría haberlo hecho y no escudarse en no realizar una investigación porque le faltaba información, sino que debería haber realmente investigado".
Lozada decidió investigar a partir de 2001 porque existían tres denuncias en la Justicia que habían sido archivadas sobre el mismo tema. Las denuncias de la oposición plantearon en 1996, 1997 y 1999 que el gobierno no presentaba informes sobre los fondos y que no funcionaban los organismos de control creados para tal fin.
La provincia ganó un juicio al Estado nacional por regalías mal liquidadas por US$ 630 millones. En 1999, la venta de acciones de YPF le dio un saldo de US$ 602 millones.El fallo para sobreseer a Kirchner se basó en la ley provincial 2663, aprobada por mayoría kirchnerista a fines de 2003, en el cual se blanqueó sin documentación respaldatoria que en el período 1996-2002 la provincia ingresó en sus presupuestos US$ 532 millones de sus ahorros originales y convalidó que tenía depositados en el exterior US$ 529 millones.
Pero Lozada no da cuenta de este detalle en el fallo ni habla de las denuncias de ocho diputados opositores. En 2004, el senador Carlos Prades (UCR) presentó un amparo sobre los fondos y pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley 2663.
Dos testigos clave que declararon ante Urso dijeron que Kirchner a fines de 2001 tenía como meta transferir los fondos en Estados Unidos a la banca europea. Eduardo Cafaro, uno de los directores del BCRA desde 2003, declaró en la causa y deslindó responsabilidades del control de esa entidad sobre esos fondos. Cafaro, asesor financiero del Banco de Santa Cruz (1994-2000), aseguró que al iniciar esas funciones la provincia tenía fondos en el exterior.
Alfredo Jorge Maclaughlin, ex gerente general en el país del Deutsche Bank, declaró que a fines de 2001 mantuvo un período de consultas con Kirchner: "La provincia tenía unos US$ 500 millones depositados en un banco de Estados Unidos", que creía era el Morgan Stanley.
A principios de 2002, Maclaughlin tuvo otra reunión en la que se habló sobre la conveniencia de que los depósitos estuvieran en un lugar seguro. Dice que "no" participó en "ninguna transferencia de fondos", pero que supo que "existió una transferencia de fondos al UBS".
Domingo 15 de noviembre de 2009 Publicado en edición impresa
Por Mariela Arias
Corresponsal en Santa Cruz
RIO GALLEGOS.- El juez que sobreseyó al ex presidente Néstor Kirchner por presuntos delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos en el exterior responsabilizó al fiscal y a los jueces que antes que él instruyeron la causa. Con cuatro años de demora el juez Santiago Lozada entregó el fallo inédito hasta ahora, luego de un pedido iniciado por LA NACION en la Justicia el año pasado.
Desde mayo de 2005, cuando Lozada sobreseyó a Kirchner, ni denunciantes ni periodistas ni diputados que lo solicitaron pudieron acceder a la fundamentación por la cual se libró de culpa y cargo a Kirchner y a Sergio Acevedo. Conocer el fallo no cambia la sentencia, pero arroja datos inéditos: quiénes declararon, quiénes asesoraron a Kirchner durante la crisis de 2001 y, sobre todo, los argumentos que usó la Justicia en un tema aún controvertido.
Para el juez, la intervención de la fiscalía se caracterizó "por una gran desprolijidad e imprecisión que dificultó enormemente la labor de esta instrucción". Consideró que la causa carecía "de una plataforma fáctica que produce que se difuminen los límites del objeto procesal investigado". Lozada calificó la denuncia inicial de "imprecisa, carente de datos sobre circunstancias de tiempo, lugar y modo, y estructurada sobre meras sospechas, basadas en conjeturas e inferencias".
Los presuntos delitos de apología del crimen y defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos habían sido denunciados por los periodistas Adrián Salbuchi y Enrique Romero y patrocinados por Juan Labaké en mayo de 2004 en el juzgado federal N° 7, subrogado por Jorge Urso, que lo investigó en primera instancia con el fiscal federal Federico Delgado.
A fines de ese año, Guillermo Montenegro asumió como juez y sin mayor trámite giró la causa a la justicia santacruceña. En el fallo, Lozada insistió en que la causa que recibió -que es la suma de seis causas iniciadas en distintos juzgados porteños- le faltaba definir el fin procesal. Argumentó que como juez de instrucción no tenía facultades para "iniciar una auditoría sobre la labor llevada a cabo por las instituciones que integran los poderes del Estado, violando la división de poderes so pretexto de una posible comisión de ilícitos penales, ni sustituir los mecanismos parlamentarios aptos para resolver determinadas controversias", y aclara que de hacerlo implicaría un quiebre del orden constitucional.
Sin embargo, el doctor Andrés Vivanco, que patrocinó a LA NACION en la presentación judicial, asegura que Lozada "tenía facultades para ampliar el objeto procesal, delimitarlo y calificarlo jurídicamente y, si no estaba de acuerdo con el trabajo del fiscal y lo que se había hecho hasta que recibió la causa, bien podría haberlo hecho y no escudarse en no realizar una investigación porque le faltaba información, sino que debería haber realmente investigado".
Lozada decidió investigar a partir de 2001 porque existían tres denuncias en la Justicia que habían sido archivadas sobre el mismo tema. Las denuncias de la oposición plantearon en 1996, 1997 y 1999 que el gobierno no presentaba informes sobre los fondos y que no funcionaban los organismos de control creados para tal fin.
La provincia ganó un juicio al Estado nacional por regalías mal liquidadas por US$ 630 millones. En 1999, la venta de acciones de YPF le dio un saldo de US$ 602 millones.El fallo para sobreseer a Kirchner se basó en la ley provincial 2663, aprobada por mayoría kirchnerista a fines de 2003, en el cual se blanqueó sin documentación respaldatoria que en el período 1996-2002 la provincia ingresó en sus presupuestos US$ 532 millones de sus ahorros originales y convalidó que tenía depositados en el exterior US$ 529 millones.
Pero Lozada no da cuenta de este detalle en el fallo ni habla de las denuncias de ocho diputados opositores. En 2004, el senador Carlos Prades (UCR) presentó un amparo sobre los fondos y pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley 2663.
Dos testigos clave que declararon ante Urso dijeron que Kirchner a fines de 2001 tenía como meta transferir los fondos en Estados Unidos a la banca europea. Eduardo Cafaro, uno de los directores del BCRA desde 2003, declaró en la causa y deslindó responsabilidades del control de esa entidad sobre esos fondos. Cafaro, asesor financiero del Banco de Santa Cruz (1994-2000), aseguró que al iniciar esas funciones la provincia tenía fondos en el exterior.
Alfredo Jorge Maclaughlin, ex gerente general en el país del Deutsche Bank, declaró que a fines de 2001 mantuvo un período de consultas con Kirchner: "La provincia tenía unos US$ 500 millones depositados en un banco de Estados Unidos", que creía era el Morgan Stanley.
A principios de 2002, Maclaughlin tuvo otra reunión en la que se habló sobre la conveniencia de que los depósitos estuvieran en un lugar seguro. Dice que "no" participó en "ninguna transferencia de fondos", pero que supo que "existió una transferencia de fondos al UBS".
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